Recortes en el Progresar: el gobierno le suelta la mano a los estudiantes de menos recursos

Para algunos, 900 pesos es el pago de la factura del celular, para otros puede ser la diferencia entre poder seguir estudiando o tener que abandonar. Ese es el monto que cobran los estudiantes que están incluidos en el Progresar, un programa de protección social para los jóvenes de 18 a 24 años de edad lanzado por la ex presidenta Cristina Kirchner en enero de 2014. Implica una contraprestación a cambio de estudios, un incentivo para los estudiantes.

Jóvenes desempleados, contratados informalmente o con salarios por debajo del mínimo vital y móvil, fueron los destinatarios originales del Progresar, se procuraba que signifiqué una ayuda económica del Estado para que puedan completar su formación. 

El programa funcionó sin inconvenientes hasta mediados de 2016, cuando comenzó un proceso que tiene como finalidad causar una suerte de desgaste en los estudiantes para que dejen de reclamar la percepción del beneficio otorgado.

La Universidad Nacional del Sur, con Sede en Bahía Blanca, advirtió en las últimas horas la suspensión del pago de becas del Plan Progresar que benefician a estudiantes con dificultades económicas. La suspensión afecta a 1.110 alumnos sobre un total de 2.200 beneficiarios del programa que estudian en esa Universidad.

En Río Negro, se multiplican los reclamos de los estudiantes que dejan de percibir el beneficio sin aviso previo. Para muchos jóvenes de escasos recursos económicos, el progresar significa una gran ayuda para afrontar los costos de materiales, sobre todo en una economía que le hace muy difícil la vida a los que menos tienen.

El gobierno nacional avanza con la primera etapa del ajuste, que se profundizará después de octubre como reconocen hasta los propios medios afines al macrismo, y los grandes perdedores del modelo vienen siendo los jubilados, los pensionados, los trabajadores, los pequeños empresarios y productores, y los estudiantes, entre otros.

Se ha generado una obscena transferencia de recursos de los sectores medios y bajos en beneficio de los grupos concentrados de la economía, como la minería y los agroexportadores. En ese escenario no es extraño que pretendan ajustar el déficit fiscal por el lado de los estudiantes, como intentaron hacerlo con las personas con discapacidad, o lo harán con los jubilados en poco tiempo más.

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