Peligra la continuidad de las obras del Plan Techo Digno en la provincia

El Secretario de Organización de la UOCRA, Juan Carlos kolman, en diálogo con la radio Nuestra Fm, de Río Colorado, dijo que tenían información de que la investigación de Claudio Bonadio, sobre irregularidades en la ejecución del programa Techo Digno, habría derivado en un embargo a la constructora ECA S.A. Más tarde, confirmó que esa medida judicial se había extendido a las empresas Oriente Construcciones S.A  y Urban S.A, entre otras.

En el marco de la investigación que lleva adelante el Juez Federal Claudio Bonadio, sobre supuestas irregularidades en la ejecución del programa nacional Techo Digno, se realizaron allanamientos en distintas localidades rionegrinas.

Sierra Grande, Bariloche, Jacobacci, Río Colorado y Godoy fueron los municipios alcanzados por la búsqueda de documentación específica vinculada al programa que está en la mira de la Justicia Federal.

En la mayoría de los casos, Bonadio emitió las ordenes de allanamiento en base a denuncias realizadas por los actuales jefes comunales de las localidades investigadas. 

A raíz de la medida adoptada por el Juzgado Federal, Kolman aseguró que “la mayoría de los 30 trabajadores de la empresa ECA fueron suspendidos”. Se trata de los que están construyendo la segunda etapa de viviendas del programa Techo Digno en Río Colorado. 

“Esto va a pasar con las empresas Oriente, Urban, Construcciones Normalizadas, entonces el impacto va a ser en casi todas las localidades de la provincia, no sólo para los trabajadores sino para los adjudicatarios que van a ver demoradas o truncas las entregas”, aseguró está mañana el dirigente gremial.

La empresa Oriente Construcciones S.A está a cargo de la terminación de las viviendas en General Conesa y, según la información adelantada por el dirigente de la UOCRA, tras el embargo podría darse la suspensión de las obras, al menos que la empresa tenga recursos adicionales que pueda volcar a la continuidad de los trabajos iniciados.

La provincia de Río Negro estaría al tanto de la situación derivada de la causa que tramita el Juzgado de Bonadio. Respecto a  la situación de ECA SA Kolman manifestó: “La provincia está haciendo los recursos de amparo correspondientes porque el IPPV es parte de que esto se pueda destrabar”.

Conocida la información, la preocupación se traslado a los trabajadores que podrían ser suspendidos y a las familias que esperan por la terminación de las obras. Considerando, además, que los adjudicatarios de las viviendas no tienen ninguna responsabilidad en lo que pueda surgir de la investigación judicial.

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